Se muestra totalmente contrario a dejar la instrucción del proceso penal en manos de la Fiscalía –al depender del Gobierno, y organizada jerárquicamente, sin que los fiscales tengan independencia profesional-, por el grave riesgo que ello supone para la seguridad jurídica y el Estado de Derecho, al poder ser utilizada la Institución para fines políticos partidistas, y prestarse a que los delitos cometidos por los partidos gobernantes y sus dirigentes no sean debidamente investigados y sancionados.